Dictadura Uruguaya
LA DICTADURA (1973-1984)
Tradicionalmente se ha dividido este período histórico en tres etapas, siguiendo la división realizada por el politólogo Luis E. González:
1) La etapa de la “dictadura comisarial” desde 1973 a 1976.
2) La etapa “fundacional” hasta 1980.
3) La “transición hacia la democracia” a partir del plebiscito del 80 hasta que asume el nuevo gobierno en marzo de 1985.
EL INICIO: EL GOLPE DE ESTADO DEL 27 DE JUNIO
El 27 de junio de 1973 el Presidente Juan María Bordaberry decretó la disolución del Parlamento y la creación de un Consejo de Estado. Se intervinieron los Entes Autónomos y se destituyó al intendente de Rocha. Tres días después se declaró ilegal a la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y se ordenó la captura de sus dirigentes.
¿Quienes apoyaron el golpe y quienes se opusieron? El ex-presidente Jorge Pacheco Areco, que había sido designado embajador en España, envió un telegrama apoyando las medidas de Bordaberry. La lista 15 del P. Colorado hizo una declaración rechazando el golpe. Dentro del Partido Nacional los sectores que habían apoyado la candidatura presidencial de Wilson Ferreira Aldunate se opusieron y lo mismo hizo el Frente Amplio. Este y los sectores blancos antigolpistas decidieron coordinar acciones para hacer fracasar el golpe. La CNT también se opuso e inició una huelga general. También las organizaciones estudiantiles rechazaron el golpe.
Hubo sectores del Parido Nacional que vieron con simpatía el golpe y lo apoyaron. Entre otros Martín Etchegoyen, que había apoyado a la dictadura de Terra en los años 30, y que fue designado presidente del Consejo de Estado
Los sectores opositores coordinaron una manifestación que se realizó el 9 de julio de 1973 por la avenida 18 de Julio de Montevideo. La manifestación fue reprimida violentamente deteniéndose a cientos de manifestantes, entre ellos al presidente del Frente Amplio, Liber Seregni. Algunos días después la CNT decidía levantar la huelga general al no lograr la caída de los golpistas. Algunos dirigentes políticos, temiendo las represalias, abandonaron el país.
Al ver consolidado su poder, el gobierno dirigido por Bordaberry comenzó a imponer medidas para profundizar el control sobre la población y llevar acabo su política:
- Se prohibieron los partidos de izquierda y se suspendió la actividad política de los demás partidos
- Se inició la destitución de docentes y se clausuraron los institutos de formación docente.
- Se intervino la Universidad de la República y se prohibió la Federación de Estudiantes Universitarios.
- Se inició una campaña publicitaria para obtener el apoyo de la población (“Póngale el hombro al Uruguay”). A través de los medios de comunicación se mostraba al gobierno estableciendo el orden en un país que era atacado por la “subversión”. Y esta no era sólo la guerrilla, sino los partidos políticos, los sindicatos, la Universidad, etc. Como en el resto de América Latina el ejército de Uruguay aplicaba la “doctrina de seguridad nacional”.
LA DOCTRINA DE SGURIDAD NACONAL
“Doctrina difundida por los Estados Unidos en América Latina a través de la escuela de formación de oficiales superiores de las fuerzas armadas. En esta institución ubicada en la zona del Canal del Panamá y conocida como "Escuela de las Américas", oficiales norteamericanos instruían política y militarmente a los jefes de los ejércitos latinoamericanos. Allí se difundió esta teoría según la cual el enemigo no estaba fuera de las fronteras sino dentro del propio país. Ese enemigo era el opositor, denominado genéricamente como "subversivo" al que había que combatir hasta la muerte. Esta Doctrina tuvo una nefasta influencia en la región y fue aplicada a rajatabla por las distintas dictaduras latinoamericanas”. (Felipe Piña, historiador argentino)
“LA CASA EN ORDEN” (1973-76)
El predominio de los sectores “duros” dentro del ejército consolidó la dictadura. Aumentó la represión: mayor cantidad de presos por razones políticas (especialmente integrantes del Partido Comunista), condición de “rehenes” para 9 dirigentes tupamaros, censura de prensa (clausura definitiva del semanario “Marcha”), persecución a periodistas e intelectuales, intensificación de la destitución de docentes. A todos los funcionarios públicos se les exigió un certificado de “fe democrática”: los que figuraban en la listas de los partidos de izquierda en las elecciones de 1971 fueron destituidos.
En el año 1975 la dictadura reforzó su campaña para obtener una mejor imagen tanto dentro como fuera del país. Al cumplirse 150 años de los sucesos de 1825 se declaró a 1975 “Año de la Orientalidad”, realizándose actos y festejos exaltando el nacionalismo y el patriotismo como una forma de obtener más respaldo popular. Además se realizó la repatriación de los restos de Lorenzo Latorre y se le realizaron homenajes, tratando de prestigiar una figura que la historia tradicional presentaba como dictador y a su vez crear un paralelismo de su gobierno (cuando se hizo la primera modernización) con la nueva dictadura. Prestigiando a los dictadores del pasado la dictadura pensaba prestigiarse a si misma.
Se estrecharon vínculos con las dictaduras vecinas: Brasil, Chile y Paraguay en primera instancia y luego Argentina tras el golpe militar de 1976. Los gobernantes de esos países fueron recibidos y homenajeados. Años después se sabría que las dictaduras del cono sur coordinaron la represión y persecución de opositores a través del “Plan Condor”. Fue así que muchos exiliados uruguayos fueron capturados en países vecinos, especialmente Argentina, y traídos en forma secreta al Uruguay, para ser interrogados, torturados y desaparecidos.
De acuerdo a la constitución en el año 1976 debían celebrase elecciones. Por lo tanto eran de esperar novedades en el campo político: o se convocaba a elecciones con un funcionamiento restringido de los partidos o se aplazaban, reformándose la constitución. El presidente Bordaberry presentó a los jefes militares una propuesta de constitución de tipo fascista por la cual no funcionarían partidos políticos, ni siquiera los tradicionales blanco y colorado. Los militares no compartieron las ideas de Bordaberry y lo destituyeron, designando como presidente a Alberto Demicheli.(junio de 1976).
En un comunicado público los militares dieron a conocer que las Fuerzas Armadas no querían “compartir el compromiso y la responsabilidad histórica de suprimir los Partidos Tradicionales” como quería Bordaberry, pero tampoco convocarían a elecciones. Se proponían crear Leyes Constitucionales para sustituir a la Constitución y mantener un gobierno provisorio, o sea continuar con la dictadura.
EL INTENTO FUNDACIONAL (1976-80)
El día que asumió la presidencia, Demicheli firmo las dos primeras de esas “leyes constitucionales”, conocidos como Actos Institucionales 1 y 2. Se trataba de normas que modificaban la constitución de 1966 en aquellos aspectos que chocaban con lo que la dictadura hacía. El primero establecía la suspensión de las elecciones por tiempo indefinido. El segundo creaba un nuevo organismo, el Consejo de la Nación, integrado por el Consejo de Estado y la Junta de Oficiales Generales del ejército, la marina y la aviación. Las funciones de este organismo eran designar al Presidente, a los miembros del Consejo de Estado y de la Suprema Corte de Justicia. Es decir que los máximos organismos del estado eran designados por un órgano militar: la Junta de Oficiales.
Para reforzar la presencia militar en el gobierno, que ya existía de hecho pero ahora quería establecerse de “derecho”, el Acto Institucional 3 legalizó la existencia del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) que venía actuando desde febrero de 1973. Además creó el Ministerio de Justicia, supeditando el Poder Judicial al Poder Ejecutivo.
El Acto Institucional número 4 establecía la proscripción por 15 años de todos los políticos con actuación en los últimos años, bajo la acusación genérica de haber colaborado con la subversión o la corrupción. Cuando volviera a haber actividad política esas personas no podrían participar. El presidente Demicheli se negó a firmarlo y fue destituido. En su lugar fue designado Aparicio Méndez (setiembre de 1976).
El Acto Institucional 5 también “legalizaba” otra situación de hecho: la violación de los derechos humanos. Establecía que los derechos individuales quedaban limitados por razones de seguridad nacional. Por su parte el acto 7 dejó las manos libres al gobierno para “disponer” de los funcionarios públicos es decir destituirlos sin causa. Esta medida se consideraba importante para limpiar la administración de la “infiltración subversiva” como lo señaló el Ministro de Justicia Fernando Bayardo Bengoa.
La reiterada violación de los derechos humanos (detenidos sin causa, torturas, destituciones, proscripciones, etc) le causó problemas a la dictadura en el exterior. Las denuncias realizadas por los exiliados (Wilson Ferreira, Zelmar Michellini y Enrique Erro entre otros) provocaron la condena de varios países y de organismos internacionales. Además el presidente de EEUU, James Carter que en ese momento llevaba adelante una política de fuerte respaldo a los derechos y de condena a su violación, expresó su desagrado por lo que sucedía en Uruguay y el Congreso norteamericano suspendió la ayuda militar a nuestro país.
Tal vez por la condena internacional, tal vez por que pensaba que ya se había eliminado la “subversión comunista”, el gobierno comenzó a planificar una salida a largo plazo.
En un Cónclave reunido en Santa Teresa (agosto de 1977) el gobierno trazó un plan político en el que se preveía hacer una nueva constitución que se plebiscitaría en el año 1980 y elecciones para 1981 donde sólo participarían los partidos tradicionales.
Hasta ese momento los partidos tradicionales tenían un funcionamiento clandestino mínimo. Hubo cierta apertura cuando los militares consultaron a algunos políticos sobre los cambios ha realizar en la constitución. Los políticos consultados se mostraron en contra del proyecto y los militares volvieron a criticar a los políticos sosteniendo que “a los vencedores no se le ponen condiciones”.
A pesar de las críticas de los políticos, el gobierno siguió adelante con su proyecto de constitución que claramente se basaba en la doctrina de la seguridad nacional. Entre otras cosas se preveía la existencia del COSENA (lo que significaba la presencia permanente de los militares en el gobierno), se establecía que en las elecciones de 1981 habría un candidato único a la presidencia y debía contar con el apoyo militar. En materia de derechos humanos se restringían las libertades: se permitían allanamientos nocturnos, se daba más plazo para mantener detenida a una persona, se reglamentaba el derecho de huelga recortándolo. Se creaba un Tribunal de Control Político que tenía potestades para investigar el funcionamiento de los partidos y sancionar a sus dirigentes, además se ponía trabas a la formación de nuevos partidos.
EL PLEBISCITO DE 1980
En noviembre el gobierno lanzó una fuerte campaña publicitaria para lograr el voto de apoyo por el SI en el plebiscito a realizarse el último domingo de ese mes. La propaganda se basaba en “crear un nuevo Uruguay” y “combatir al comunismo internacional”. La dictadura intentó asociar el voto por el NO con la subversión y la corrupción política.
Casi todas las figuras políticas habilitadas (aún se mantenía la proscripción) se expresaron por el NO. Sólo se expresaron por el SI el colorado Jorge Pacheco Areco y dentro del Partido Nacional algunos sectores herreristas y Alberto Gallinal. Los dirigentes de izquierda desde el exilio la cárcel se pronunciaron en contra de la reforma. Pero mientras el gobierno disponía de todos los medios de comunicación para hacer propaganda a favor de la reforma, los opositores no tenían esa posibilidad. El boca a boca fue importante para difundir los motivos de quienes se oponían. También se contó con dos medios de comunicación que trataron de hacer la crítica de la reforma propuesta: el semanario “Opinar” fundado por Enrique Tarigo y CX30 La Radio a través de las palabras de su director José Germán Araújo. Ambos medios se convirtieron en símbolos de la resistencia frente a la dictadura y de la lucha por recuperar la democracia.
En el plebiscito participó el 85% de los habilitados para votar. Triunfó el NO (57% de los votantes) por lo tanto el proyecto de constitución presentado por el gobierno no fue aceptado. Se abría una gran interrogante: ¿qué haría el gobierno?¿Se haría una apertura democrática? ¿Se volvería más represivo? El resultado podía interpretarse como un rechazo a una constitución poca democrática, pero algunos militares podían entenderlo como un rechazo a una salida constitucional y el mantenimiento de la dictadura.
LA DICTADURA TRANSICIONAL (1980-84)
Ante el resultado del plebiscito el gobierno preparó un nuevo plan político que buscaba la participación de los partidos políticos. En julio de 1981el gobierno entregó a algunos dirigentes políticos unas “bases para el diálogo” que establecían un transición de tres años, la designación de un nuevo presidente, la integración de representantes de los partidos tradicionales en el Consejo de estado, desproscripciones paulatinas.
El plan se puso en marcha. Se desproscribió a un centenar de políticos (no los de primera línea) y se designó un nuevo presidente: el General Gregorio Alvarez (setiembre de 1981).
Las Fuerzas armadas crearon una Comisión de Asuntos Políticos (COMASPO) que comenzó a discutir con los representantes de los partidos las condiciones en que estos funcionarían. No fue convocado ningún representante de la izquierda. Las mayores dificultades de entendimiento de los militares fueron con el Partido Nacional, cuya mayoría se organizó en torno a la figura de Wilson Ferreira, exiliado en Londres.
El año 1982 fue clave para el comienzo del fin de la dictadura. Tres hechos importantes debilitaron al gobierno y aumentaron la fuerza de la oposición:
a) la crisis económica conocida como el “quiebre de la tablita” que le quitó al gobierno el apoyo de sectores empresariales;
b) la aparición pública de organizaciones gremiales de trabajadores y estudiantes (ASCEEP: Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública);
a) el triunfo de los sectores más opuestos a la dictadura en las elecciones internas realizadas en noviembre.
En junio de 1982 el Consejo de Estado había aprobado el Estatuto por el que debían regirse los partidos políticos. Inmediatamente comenzaron las movilizaciones partidarias para las elecciones internas de noviembre. En ellas se elegirían las autoridades de los partidos tradicionales. Esas autoridades eran las que después discutirían con los militares el proceso para poner fin a la dictadura.
Las internas de 1982.-
Se presentaron muchas listas (las que se identificaban con tres letras del alfabeto para evitar usar los números que identificaban a las antiguas listas) pero inmediatamente aparecieron figuras predominantes. En el Partido Colorado Jorge Pacheco Areco ( a quien se identificaba con la dictadura por el apoyo que le había dado a ésta), Julio María Sanguinetti (a quien se veía como representante de Jorge Batlle que estaba proscrito) y Enrique Tarigo (que aparecía como uno de los colorados opositores por su campaña por el NO en el 80 y por las críticas constantes al gobierno hechas en el semanario Opinar y como una figura política nueva ya que no tenía actuación política anterior al 73). El acercamiento que hubo entre Sanguinetti y Tarigo llevó a un grupo de jóvenes colorados que apoyaban a Tarigo a crear su propio sector: la Corriente Batllista Independiente liderada por Manuel Flores Silva y Victor Vaillant.
En el Partido Nacional había claramente dos tendencias: una a la que se identificaba con la dictadura y que tenía entre sus líderes a Alberto Gallinal y la otra identificada con el Movimiento Por la Patria (Wilson Ferreira) y el Movimiento de Rocha (Carlos Julio Pereira), opositora. Como ambos dirigentes estaban proscriptos (Ferreira se mantenía aún en el exterior)no podían formar parte de la lista que fue encabezada por el historiador Juan Pivel de Voto
El gobierno también había autorizado el funcionamiento de la Unión Cívica, pero no había permitido el funcionamiento de los sectores de izquierda que en 1971 habían integrado el Frente Amplio. Algunos de estos sectores, como el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano reclamaron la posibilidad de presentarse a las internas pero le fue negada. Entonces a la izquierda se le presentaron dos posibilidades: o hacer que sus seguidores votaran dentro de los partidos tradicionales aquellas listas más opositoras a la dictadura o votar en blanco. En un primer momento el Partido Comunista, que en el exterior coordinaba acciones con exiliados blancos de la línea wilsonista, se pronunció a favor de que sus afiliados votaran por la lista identificada con Wilson Ferreira. Pro otros sectores del Frente Amplio, siguiendo la recomendación de su líder Liber Seregni, aún preso, optaron por el voto en blanco.
El gobierno liberalizó las condiciones políticas para permitir el desarrollo de la campaña electoral. Hubo mayor libertad de prensa, reuniones y concentraciones callejeras. La campaña se fue radicalizando ya que todas las actividades políticas eran aprovechadas por la población para expresar sus críticas y desaprobación al gobierno. Este reaccionó cerrando algunos medios de prensa y procesando a algunos dirigentes.
Las elecciones se realizaron el 28 de noviembre de 1982. Concurrió a votar el 60% de los habilitados. Los sectores simpatizantes con la dictadura fueron ampliamente derrotados. Dentro de los blancos se consolidó la postura intransigente frente al régimen que tenían Wilson Ferreira y Carlos Julio Pereira. Dentro del P. Colorado la derrota del pachequismo abría el camino para Sanguinetti y Tarigo. Ambos sectores ganadores quedaban confirmados como representantes de la mayoría de la población. La importante cantidad de votos en blanco (85.377 votos) demostraba la existencia de una izquierda que no se podía desconocer.
Al gobierno la situación se le había complicado: ahora los partidos estaban legitimados y los dirigentes políticos con quienes tenían que dialogar la “salida” tenían el respaldo de la gente, a pesar la durísima crítica que la dictadura había hecho desde 1973 a “los políticos”.
1983: año de conversaciones y movilizaciones.-
El resultado de las internas, como había sucedido con el intento de reformar la constitución en 1980, era una clara derrota para el gobierno. Dentro de este comenzaron a hacerse notar diferencias. Por un lado los sectores que querían buscar una salida y dejar el gobierno en manos de civiles (aunque con la tutela de los militares) y aquellos que querían crear un partido del proceso. Dentro de esta postura estaba, entre otros el presidente Gregorio Alvarez, como quedó claro en un discurso realizado en la localidad de Aceguá.
En el mes de mayo en el Parque Hotel comenzó el diálogo entre militares y políticos sobre la futura constitución. Pero las conversaciones no avanzaron mucho: los militares planteaban la futura constitución en términos parecidos ala rechazada en 1980. Además se endureció la censura a la prensa y se detuvieron dirigentes políticos, acciones que se atribuyeron a Alvarez, que parecía no estar de acuerdo con la salida y quería “enturviar” el diálogo. Al suspenderse las conversaciones, el gobierno prohibió la actividad de los partidos políticos y amenazó en aprobar por su cuenta la nueva constitución.
Mientras se paralizaban las conversaciones, aumentaron las movilizaciones populares, realizadas sobretodo por gremios de trabajadores y estudiantes. En abril se había formado el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT), que el 1° de mayo había conmemorado el día de los trabajadores con una gran concentración luego de 10 años de prohibición. A partir fueron frecuentes las movilizaciones tanto para reclamar por cuestiones puramente gremiales como para reclamar por el retorno a la democracia. También los estudiantes organizados en ASCEEP se movilizaban, siendo su actividad más importante la realización de “La semana del estudiante” en setiembre de ese año que culminó con una multitudinaria manifestación. A estas movilizaciones hay que agregar la formación de la intersectorial, formada por los gremios, los partidos, cooperativas de vivienda, etc que impulsaron las “caceroleadas” a partir del mes de agosto.
Las movilizaciones tuvieron su punto culminante en la concentración realizada en el Obelisco de los Constituyentes el 27 de noviembre. En ese acto se reunieron más de 400 mil personas que escucharon una proclama leída por el actor Alberto Candeau. En el acto había un estrado donde se ubicaron las principales figuras de la oposición a al dictadura; lo novedoso fue además de las figuras políticas de los partidos tradicionales, también se encontraba figuras de la izquierda.
Pero a pesar de las manifestaciones en conjunto realizadas por todos los partidos, se comenzaban a notar diferentes enfoques sobre la “salida” de la dictadura entre blancos y colorados. Era evidente que los militares buscaban la mejor salida para él, es decir alejarse del poder sin tener que rendir cuentas. Los colorados, con Sanguinetti perfilándose como máximo líder buscaban una salida negociada y moderada que implicaba aceptar algunos de los planteos militares. Por su parte la mayoría blanca quería negociar desde una posición de fuerza y ponía como condición para cualquier diálogo la desproscripción de Wilson Ferreira. Sanguinetti le comunicó a Ferreira en una reunión que tuvieron en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) que el P. Colorado estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con los militares, aún sin el P. Nacional. Pero no parecía legítimo un acuerdo sólo con los colorados. La Unión Cívica era otro de los partidos habilitados pero tenía escaso respaldo popular, por lo tanto no era suficiente su participación en un posible acuerdo. Por otro lado no se podía negar la existencia de la izquierda en la calle, aunque seguía proscripta. Podemos especular que la estrategia de quienes querían una salida negociada apuntó a permitir la actividad de cierta parte de la izquierda para tener otro partido para dialogar y posiblemente acordar.
1984: EL AÑO DE LA SALIDA
En marzo de 1984 se produjo la liberación de Liber Seregni. En sus primeas palabras desde el balcón de su apartamento anunció, refiriéndose al Frente Amplio, “somos una fuerza pacífica y pacificadora”, dando a entender la posibilidad de integrar a la izquierda en el diálogo para la salida de la dictadura.
El P. Nacional dio a conocer su intención de recoger firmas para convocar a un plebiscito para reformar la constitución. Tanto el P. Colorado como la izquierda no estuvieron de acuerdo. Entonces el P. Nacional anunció que no iba a seguir negociando y que no haría ningún acuerdo si se mantenían las proscripciones. Wilson Ferreira que se había trasladado desde Londres a Buenos Aires, anunció su pronto regreso al país, a pesar de había una orden de captura contra él. Los colorados consideraron que la actitud de confrontación de Ferreira podía perjudicar el diálogo y favorecer a los sectores duros del gobierno.
El 16 de junio Ferreira regresó al país. Un gran despliegue militar esperó su llegada al puerto de Montevideo; fue detenido y recluido en un cuartel en Florida. Algunos blancos esperaban que la llegada de Ferreira provocaría tal conmoción que provocaría la caída de la dictadura. Pero no sucedió así. los colorados mantuvieron su actitud negociadora y los militares, que se habían opuesto a la posibilidad de que la izquierda volviera a existir, se dieron cuenta que necesitaban otro sector político que participara de los posibles acuerdos. Empezaron a considerar la posibilidad de que algunos sectores del Frente Amplio fueran permitidos e incluidos en el diálogo.
En julio se reinició el diálogo entre los militares y los representantes del P. Colorado, la Unión Cívica y de algunos sectores del Frente Amplio (P. Socialista y Partido Demócrata Cristiano). Las reuniones se realizaron por casi un mes y culminaron en un acuerdo realizado en el Club Naval. En noviembre se realizarían elecciones y se harían algunas reformas transitorias a la constitución referidas al ascenso de los oficiales militares y la designación de los comandantes de las tres armas. Los sectores políticos solicitaron la libertad de Ferreira para que el P. Nacional se incorporara al acuerdo, pero los militares respondieron que era la justicia militar la que debía resolver. No se trató el tema de la violación de los derechos humanos, pero en la opinión de los militares no había posibilidad de “revisión” de lo que ellos llamaban “la lucha antisubversiva”.
El acuerdo fue rechazado por el P. Nacional que habló de un “pacto del Club Naval” entre Sanguinetti y Hugo Medina (Comandante del Ejército) para dejar afuera de las elecciones a Ferreira y facilitar el triunfo del P. Colorado. A cambio, decía el P. Nacional, Sanguinetti hizo concesiones a los militares que significaban reconocer la dictadura. Acusó al Frente Amplio de haber prestado apoyo a ese “pacto”.
El P. Colorado consideraba que el acuerdo logrado era el único camino responsable para salir de la dictadura, ya que si no había acuerdo los militares seguían en el poder.
Para el Frente Amplio el diálogo y el acuerdo con los militares era la forma de recuperar su legalidad y participar de la toma de decisiones. Si bien mantenía varios sectores y muchos dirigentes proscriptos (como Seregni), recuperaba la posibilidad de actuar públicamente y salir de la clandestinidad.
LAS ELECCIONES DE 1984
El 15 de agosto de 1984 se dictó el Acto Institucional 19 que recogía el acuerdo entre los militares y los partidos políticos (Colorado, Frente Amplio, Unión Cívica). Allí se establecía la convocatoria a elecciones para el mes de noviembre y las normas transitorias que se agregarían a la Constitución.
En esa misma fecha se creó la Concertación Nacional Programática (CONAPRO), organismo integrado por los partidos políticos y organizaciones sociales con el objetivo de establecer objetivos comunes en economía, educación, salud, etc que llevaría acabo el futuro gobierno.
Para las elecciones presidenciales el P. Colorado presentó dos candidaturas: Sanguinetti (con Enrique Tarigo como vice) que reunía a los sectores batllistas y Jorge Pacheco Areco. En el P. Nacional se presentaron tres candidatos. El sector mayoritario (Movimientos Por la Patria y de Rocha) al tener a su lider Ferreira preso y proscripto, designó como candidato a Alberto Zumarán (acompañado de Gonzalo Aguirre a la vice-presidencia). Además eran candidatos Dardo Ortiz (por sectores herreristas) y Carlos Paysée (último intendente de Montevideo durante la dictadura y claramente identificado con ésta). El Frente Amplio que tenía a su lider Seregni proscripto, presentó como candidato a José Crotoggini acompañado por José D’Elía, dirigente de la CNT.
Las elecciones del 25 de noviembre le dieron el triunfo al P. Colorado y dentro de él a Sanguinetti Su candidatura recogió muchos votos extrapartidarios (seguramente blancos) que lo veían como el único garante de una salida moderada y pacífica. Su campaña publicitaria en la que se mostraba como “el cambio en paz” atraía votantes que querían cambios pero no sobresaltos. El P. Nacional perdió votos: porque muchos blancos se asustaron por el nivel de enfrentamiento con los militares y porque Zumarán no pudo suplantar el carisma de Ferreira. Este fue liberado 5 días después de las elecciones.
El Frente Amplio se mantuvo como tercera fuerza política afirmando su presencia en el mapa electoral a aunque muchos de sus dirigentes estaban aún proscritos y a pesar de la persecución que sufrió durante la dictadura.